“Derogación de la Facultad del Ejecutivo en el Otorgamiento del Indulto”

Se entiende por delito a la conducta del hombre, que consiste en la realización de un acto u omisión, descrito y sancionado por las leyes penales. Corresponde a los órganos jurisdiccionales del Estado la administración e impartición de la justicia y; a las autoridades penales del conocimiento, la persecución, el establecimiento de las medidas de seguridad, tratamiento de las conductas delictuosas, etc. Corresponde a los jueces la imposición de las sanciones o penas en sus sentencias por las conductas delictuosas, culposas, típicas y antijurídicas. Si bien, “se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito” (art. 94); y además que “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Por lo que, “No podrán reunirse dos o mas de estos poderes en una sola persona o corporación”, así como “ni depositarse el Legislativo en un solo individuo” (art. 49). Por lógico entendimiento el Poder Ejecutivo no debe invadir la competencia del Poder Judicial. Lo cual, la facultad discrecional del Presidente de la Republica de “conceder indultos a los reos sentenciados por delitos” restringe y vulnera el principio de la división de poderes y contraría un verdadero estado de derecho, es contrario a las funciones y fines del Ejecutivo, por consiguiente, esta facultad discrecional de otorgar indultos establecido en la Fracción XIV del articulo 89 de nuestra constitución debe derogarse